El blog de Jeremias

A petición de nuestros lectores desmontamos esta semana un texto publicado el pasado día 18 de abril en LA RAZÓN bajo el título: “Paracuellos: las 2.750 víctimas olvidadas por Garzón”. El artículo, firmado por A. Bartolomé, recuerda que, en 1998, Baltasar Garzón “rechazó una querella por genocidio contra Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos”.

En esta ocasión, la labor de ’desmontaje’ ha sido adelantada por el periodista Ignacio Escolar en su conocido blog. El día 20 de abril, Escolar publicaba un primer postsobre el auto al que alude LA RAZÓN y en el que, supuestamente, Garzón había rechazado la querella amparándose en la ley de Amnistía de 1975. El diario conservador recurre a un polémico entrecomillado según el cual Garzón estimaba “que la amnistía del 25 de noviembre de 1975 «veda cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos de nuestra Guerra Civil»”.

Escolar replica de forma contundente: “Tras muchas vueltas, he conseguido acceder al famoso auto en cuestión. Les recomiendo que lo lean, son apenas tres páginas en los que no aparece la más mínima mención a la ley de Amnistía. Y es cierto que Garzón archivó esa querella, pero por motivos muy distintos a los que ahora inventa la derecha: por defectos de forma y fondo que harían avergonzar a un estudiante de primero de Derecho”.

¿Es posible? ¿Puede LA RAZÓN mentir (o, en el mejor de los casos, errar) tan estrepitosamente? Parece que sí, como advierte el propio Nacho Escolar en unsegundo post sobre el mismo asunto en el que amplía su análisis: “En efecto, Garzón archivó una denuncia por “genocidio, tortura y terrorismo” presentada en 1998 contra Santiago Carrillo [...]. Aquella surrealista querella (PDF 15,4 MB), en la que incluso intentó personarse el torturador argentino Adolfo Scilingo, fue rechazada por la Fiscalía, por la sala y también por Garzón en un auto el 16 de diciembre de 1998 (PDF 651 kb) por varios defectos de forma y fondo flagrantes. En esta primera respuesta, ni siquiera se cita la ley de Amnistía. La denuncia siguió rodando unos años más, con varios recursos. En respuesta a uno de ellos el fiscal del juzgado central número 5, Pedro Rubira (PDF 661 KB), argumentó que la ley de Amnistía “veda cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos de la Guerra Civil”. El fiscal, insisto. No Garzón”.

Tenemos, entonces, que fue el fiscal Pedro Rubira, y no Garzón, quien citó la ley de Amnistía para desestimar uno de los recursos de los querellantes después de las anteriores negativas. ¿De dónde sale el bulo? Escolar responde: “Como en toda manipulación, en el centro de esta perla existe una media verdad”. Y es que Garzón, recogió en su auto del 6 de marzo de 2000 un largo fragmento del texto de la fiscalía de unos días antes, 1 de marzo de 2000. Es entre esas líneas donde el fiscal cita la ley de Amnistía, pero Garzón no hace suyo todo el texto del fiscal Rubira, sino solamente “en lo que refiere a la argumentación jurídica sobre la falta de tipicidad e irretroactividad de la ley penal”.

En resumen, Garzón no utilizó la cuestionada ley de Amnistía para rechazar la querella contra Carrillo por la matanza de Paracuellos, sino que le bastó apelar a la chapuza jurídica de los querellantes.

Paracuellos, lugar común

Escolar nos ha explicado con claridad el meollo jurídico del bulo contra Garzón, pero este artículo sugiere alguna otra reflexión. Cualquier lector moderadamente progresista habrá discutido alguna vez con algún otro lector moderadamente conservador al respecto de la Guerra Civil española. Es fácil reconocer al lector moderadamente conservador por su habilidad al pronunciar en sus más variadas formas el siguiente lugar común: “Ambos bandos cometieron barbaridades”. A continuación citará la matanza de Paracuellos. Esta afirmación, a veces bienintencionada, esconde alguna trampa que conviene desentrañar para evitar la falacia histórica y política de la equiparación entre víctimas y verdugos.

La comparación macabra entre las tropelías perpetradas por psicópatas de uno y otro bando no conviene, en absoluto, a las derechas (nos referimos solo a aquellas derechas que puedan seguir, aun hoy, sin condenar el golpe de Estado de 1936 o pretendan justificar, minimizar o relativizar los crímenes de la dictadura fascista posterior). En efecto, esa fría y dantesca comparativa de las cifras de muertos arroja un resultado desigual que no favorece en nada el argumento de que “todos eran iguales” (esgrimido con frecuencia por quienes buscan en el mal ajeno consuelo para las propia conciencia). Ese cálculo, basado en el registro exhaustivo que ponía en marcha el bando franquista cuando tomaba una zona republicana arroja, según el historiador Paul Preston, “cifras de aproximadamente cincuenta mil muertes como resultado de la represión política o de la violencia incontrolada en la zona republicana”, entre ellas, las muertes de Paracuellos, claro. Esos 50.000 muertos sí fueron investigados (sin ninguna garantía jurídica para los sospechosos), sí fueron contados, sí fueron enterrados, sí fueron honrados, sí fueron llorados y sí fueron recordados por la única memoria histórica vigente en España hasta ahora. ¿Y del otro lado? Los muertos del otro bando, los que hoy molestan en las cunetas y en los juzgados, se cifran en el triple o cuádruple. Solo los asesinatos judiciales estudiados en 36 de las 52 provincias españolas antes de 2005 superaban los 94.000 y se estimaba una cifra final de unos 130.000. ¿Y los muertos y desaparecidos anónimos? Unos 50.000según el mismo historiador. Preston recuerda un aspecto a veces olvidado por los lectores moderadamente conservadores. En grandes zonas de España no hubo guerra, el golpe militar triunfó en pocas horas. Así fue en Galicia, Valladolid, Navarra o Zamora, que cosecharon unos 3.000 represaliados en cada enclave. En estos y otros lugares, la represión franquista “no fue obra de elementos incontrolados como ocurrió en la zona republicana, donde la sublevación militar había provocado el derrumbamiento total de todo el aparato de orden público. Las autoridades militares hubieran podido frenar en cualquier momento a los falangistas [...]. Sin embargo, animaron activamente a miles de elementos civiles a hacer una guerra sucia”.