El blog de Jeremias

El gobierno de Felipe Calderón obstruye los intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su llamada guerra contra el narcotráfico. Por lo pronto, ya logró posponer la visita del relator especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y reservó por 12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores maniobró para impedir la visita de Alston, quien pretendía presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en Ginebra, un informe sobre el creciente número de ese tipo de muertes en México, incluidas las que han cometido los militares y aquellas que han sufrido los activistas sociales.

A diferencia de Colombia, Guatemala, Kenia o la República del Congo, adonde Alston viajó el año pasado para informar a la ONU sobre los asesinatos extrajudiciales en esos países, México se opuso desde 2008 a una visita del relator y logró posponerla para 2011.

Para entonces, Alston ya no será relator y la visita a México dependerá del interés de su sucesor por concretarla. Además, el informe que resulte de esa eventual revisión se daría a conocer cuando Felipe Calderón esté por terminar su gestión en Los Pinos o incluso la haya concluido.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez solicitó el informe de la ONU a través de la Ley de Transparencia, pero la SRE –a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia– no sólo rechazó la petición, sino que reservó la información por 12 años. Su argumento fue que con la difusión se "menoscabarían las relaciones internacionales" porque la ONU entregó el reporte con carácter confidencial.

De esa manera, el gobierno mexicano no sólo determinó que el informe no se conozca en México hasta 2021, sino que al mismo tiempo ató de manos a la ONU, pues el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que el subcomité sólo puede dar a conocer el informe, junto con las observaciones del Estado involucrado, si éste pide que lo haga.